El nuevo esquema tarifario comenzó a regir este primero de julio
Desde este primero de julio entró en vigor el nuevo Marco Tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia. Aunque el Gobierno nacional ha defendido la medida asegurando que busca beneficiar a los usuarios con tarifas más bajas, la realidad, según el gremio que reúne a las principales empresas de servicios públicos, podría ser muy diferente.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) anunció que presentó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión de la aplicación de la Resolución CRA 1032 de 2026, al considerar que su implementación genera serias preocupaciones tanto para las empresas prestadoras como para millones de usuarios.
¿Por qué Andesco decidió acudir a la justicia?
Para el gremio, el problema no radica en actualizar la metodología tarifaria, sino en la forma en que fue expedida y en los tiempos establecidos para ponerla en marcha.
Andesco sostiene que el documento definitivo aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) presenta cambios que no hicieron parte del proceso de consulta pública, lo que, a su juicio, vulneró los principios de participación ciudadana y afecta la seguridad jurídica del sector.
Además, cuestiona que las empresas solo hayan contado con tres meses para adaptarse al nuevo modelo, cuando en reformas anteriores los períodos de transición fueron considerablemente más amplios.
El temor es que las tarifas terminen aumentando
Uno de los principales argumentos expuestos por Andesco es que, pese a que el Gobierno ha señalado que el nuevo marco busca aliviar el bolsillo de los colombianos, la metodología podría generar el efecto contrario.
Esto se debe a que las empresas deberán actualizar sus costos de referencia, que durante años estuvieron calculados con valores de 2014, para ajustarlos a precios correspondientes a 2024 y 2025. A esto se suman nuevas obligaciones relacionadas con inversiones ambientales, gestión del riesgo, reducción de pérdidas de agua y planes de infraestructura, aspectos que incrementan los costos operativos.
Según el gremio, esos mayores costos terminarían reflejándose en las tarifas que pagan los usuarios, aunque cada empresa deberá calcularlas de acuerdo con sus condiciones particulares, el número de suscriptores y la región donde presta el servicio.
La demanda busca frenar la entrada en vigencia
La acción judicial presentada ante el Consejo de Estado solicita una medida cautelar para suspender temporalmente la aplicación del nuevo marco tarifario mientras se estudia de fondo la legalidad de la resolución expedida por la CRA.
Desde Andesco aseguran que no buscan eliminar la nueva metodología, sino lograr que su implementación se haga con reglas claras, mayor respaldo técnico y un período de transición que permita proteger tanto la estabilidad financiera de las empresas como la calidad y continuidad de los servicios públicos.
Un debate que apenas comienza
La entrada en vigencia del nuevo marco tarifario abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de los servicios públicos en Colombia. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma moderniza el sistema y fortalece el sector, Andesco advierte que una implementación apresurada podría traducirse en mayores costos para los usuarios y en incertidumbre para las empresas encargadas de garantizar el suministro de agua y saneamiento en el país.
Ahora será el Consejo de Estado el encargado de decidir si mantiene vigente la nueva regulación o acepta la solicitud del gremio mientras avanza el estudio de la demanda.
Por: Carlos Amaya
