Con su tesis de «ciberseguridad sostenible», la abogada y consultora internacional Andrea García Beltrán plantea que no hay sostenibilidad corporativa sin resiliencia digital, y presenta cifras que sitúan al cibercrimen como un riesgo climático, social y de gobernanza para las juntas directivas.
¿Puede una organización considerarse sostenible si deja de existir digitalmente? Esa es la pregunta con la que la consultora estratégica y experta internacional en ciberseguridad Andrea García Beltrán abrió su más reciente intervención ante el sector asegurador, y que resume el eje de su trabajo actual: la ciberseguridad ya no es solo un asunto de tecnología, sino un factor de riesgo ambiental, social y de gobernanza que las juntas directivas apenas empiezan a medir.
El primer frente es ambiental. Según estudios académicos recientes, el cibercrimen genera entre 526 y 1.052 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año; en su límite superior, equivale al 20% de las emisiones de Estados Unidos. El ransomware, por sí solo, contamina más que toda la aviación internacional. «Cada ataque evitado es una emisión evitada», resume García Beltrán, quien plantea que la huella de una entidad financiera no está en su edificio, sino en su portafolio de inversión y en la infraestructura digital que sostiene su operación.
El segundo frente es social. Un ataque crítico puede quebrar al 60% de las pequeñas y medianas empresas en apenas seis meses, según cifras del sector. Para García Beltrán, democratizar el acceso a la ciberresiliencia —desde las juntas directivas hasta las familias— es, en sus palabras, «sostenibilidad social, no filantropía». Bajo esa misma tesis nació su libro infantil «Las Ciberaventuras de Nala», que este año lanzó una colección centrada en enseñar desde la infancia los mismos principios que ella defiende ante los directorios empresariales.
El tercer frente es de gobernanza. Encuestas recientes al sector asegurador señalan que la mayoría de los CEOs identifica el cibercrimen como la principal barrera para el crecimiento de sus compañías, por encima de la inflación o el costo de la tecnología, y ya lo ubican como su primera prioridad de inversión en mitigación. A esto se suma una ola regulatoria —de la que hacen parte normas europeas sobre resiliencia digital y reporte de sostenibilidad— que empieza a exigir a las juntas responsabilidad directa sobre el riesgo cibernético.
Abogada de formación y con más de 20 años de trayectoria entre Londres, Europa y Latinoamérica, García Beltrán construyó su carrera en el mercado asegurador internacional, donde ocupó cargos directivos y llegó a presidir comités de ciberseguridad en el London Market. Hoy ejerce como consultora estratégica y asesora independiente de juntas directivas, y este 2026 fue reconocida como Mentora del Año en el sector del ciberseguro a nivel europeo por su labor formando a la nueva generación de profesionales del riesgo cibernético.
Para García Beltrán, el reto de fondo es el mismo en la sala de juntas que en el hogar: construir resiliencia antes de que llegue el ataque. «La ciberseguridad ya no se mide solo en incidentes evitados. Se mide en megavatios, litros de agua y confianza que sobrevive», afirma.
