El proceso que involucra a Lili Pink vuelve a quedar bajo presión luego de una nueva decisión judicial que cuestiona la validez de elementos probatorios con los que la Fiscalía busca sostener su investigación. Durante la audiencia del pasado 11 de agosto, el Juez 67 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá declaró ilegal otro grupo de pruebas obtenidas durante los allanamientos realizados en abril de 2026. La determinación representa un nuevo obstáculo para el ente investigador y abre nuevamente el debate sobre la manera en que se han adelantado las actuaciones dentro de este caso.
La decisión no aparece aislada. El pasado 24 de julio, la Juez 18 de Control de Garantías ya había declarado ilegales pruebas recolectadas en esos mismos allanamientos. De acuerdo con la información suministrada sobre el proceso, en aquella audiencia la juez cuestionó de manera pública la actuación de la fiscal encargada de la investigación, a quien señaló de haber actuado con descuido y deslealtad. Ahora, semanas después, otro despacho judicial vuelve a pronunciarse sobre la legalidad de material relacionado con la misma operación. La defensa se opuso a que las pruebas fueran nuevamente legalizadas y sostuvo que, una vez declaradas ilegales, no podían ser recuperadas mediante un nuevo trámite. El Juez 67 terminó acogiendo esos argumentos.
El episodio deja una pregunta de fondo que trasciende el interés particular de Lili Pink: ¿hasta dónde puede llegar una investigación cuando las pruebas que pretende utilizar son cuestionadas reiteradamente ante los jueces? En un proceso judicial, la contundencia de una acusación no depende solamente de la existencia de elementos materiales, sino también de que estos hayan sido obtenidos respetando las garantías y procedimientos establecidos por la ley. Precisamente por eso, las decisiones de los jueces de control de garantías adquieren especial relevancia, pues ponen límites a la actuación de las autoridades cuando consideran que determinadas actuaciones no cumplieron los requisitos exigidos.
Para la Fiscalía, el escenario supone un desafío importante. El caso, que inicialmente avanzó con expectativa y atención pública, llega ahora a una etapa en la que deberá demostrar qué otros elementos puede utilizar legalmente para sustentar su investigación. Para la defensa, en cambio, las decisiones representan un respaldo a su posición frente a la validez de las actuaciones adelantadas durante los allanamientos.
Más allá de las posiciones enfrentadas, todavía será necesario conocer el desarrollo completo del proceso y las decisiones que adopten las autoridades judiciales en las siguientes etapas. Una declaración de ilegalidad de pruebas no equivale, por sí sola, a una decisión definitiva sobre el fondo del caso ni determina responsabilidades penales.
Lo que sí deja este nuevo capítulo es una señal que difícilmente puede pasar inadvertida: dos jueces, en momentos distintos, han cuestionado la legalidad de pruebas vinculadas con los allanamientos de abril. Ahora la Fiscalía tendrá que demostrar que puede avanzar con elementos obtenidos conforme a la ley y que el proceso tiene sustento más allá de las pruebas que han quedado fuera de juego. Mientras tanto, el caso Lili Pink continúa escribiendo una historia judicial en la que cada audiencia parece abrir más preguntas que respuestas.
