En un escabroso hallazgo de corrupción y abuso de poder, Caracol Radio ha investigado una presunta red organizada de “caza-vehículos” que involucra a policías de la Metropolitana de Bogotá, funcionarios judiciales y un parqueadero clandestino en Guasca, Cundinamarca. Los afectados, principalmente deudores de créditos vehiculares, se han convertido en víctimas de una compleja operación ilegal, donde sus vehículos son embargados bajo falsos pretextos y trasladados a un parqueadero sin autorización, donde deben pagar sumas exorbitantes para recuperarlos.
El «parqueadero J&L» en Guasca: Un centro de operaciones clandestino
Según una investigación iniciada por la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bogotá, un parqueadero de nombre J&L en el municipio de Guasca, Cundinamarca, ha sido señalado como el epicentro de esta red ilegal. A pesar de que la Seccional de Administración Judicial de Bogotá asegura que no se ha autorizado este parqueadero para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial, se ha revelado que decenas de vehículos confiscados por la Policía Nacional están siendo llevados a este establecimiento de manera ilegal.
Los documentos, obtenidos por Caracol Radio, muestran que el parqueadero nunca estuvo registrado para recibir vehículos por orden judicial. Sin embargo, la Policía ha emitido documentos afirmando que los vehículos fueron dejados «voluntariamente» por los poseedores en este parqueadero, contradiciendo los procedimientos legales establecidos. La sospecha de que se trata de un entramado de corrupción se intensifica al revelarse que estos vehículos, bajo la apariencia de ser «inmovilizados por orden judicial», son realmente interceptados de manera ilegal y enviados a Guasca, donde los propietarios se ven obligados a pagar sumas altísimas para la devolución.
La denuncia de Angie Paola Alarcón: Una víctima de la «mafia de caza-vehículos»
Angie Paola Alarcón Garavito, una de las afectadas por este operativo ilegal, relata su calvario con lujo de detalles. En julio de 2024, su vehículo fue confiscado bajo una orden judicial en la calle 80 de Bogotá. Lo que parecía ser un simple procedimiento se convirtió en una pesadilla, cuando los agentes de la policía, durante la detención, hicieron preguntas sobre las deudas de la financiera Finanzauto – la entidad con la que había adquirido su automóvil – lo que despertó sus sospechas sobre la información confidencial que los uniformados aparentemente tenían sobre su situación financiera.
Poco después, su vehículo fue llevado al parqueadero J&L en Guasca, a pesar de que la orden judicial indicaba claramente que debía ser transportado a los parqueaderos autorizados por Finanzauto, la financiera que había gestionado su crédito.
«Después de que mi esposo fue detenido, nos dijeron que el vehículo quedaba bajo custodia, pero no nos informaron de manera clara dónde estaría. Al enterarme de que el automóvil fue llevado a Guasca, me quedé sin palabras. Nunca imaginé que la Policía estaría involucrada en algo tan irregular», explicó Angie Paola Alarcón a Caracol Radio.
A día de hoy, Angie lleva más de nueve meses luchando por recuperar su vehículo. «Es como si estuvieran jugando con nuestras vidas y nuestros sueños», dijo entre lágrimas, mientras explicaba la frustración de no poder acceder a su automóvil, necesario para su trabajo.
**Javier Juan: otra víctima de la red de «caza-vehículos»
** Nombre cambiado por razones de seguridad y protección de la victima.
Noticias Súper ha tenido acceso a la denuncia de Javier Juan, un nuevo afectado por la presunta mafia de “caza-vehículos” que involucra al parqueadero J&L, la Policía Nacional de un vehículo obtenido con la financiera Finanzauto. Según relata Javier, todo comenzó cuando su vehículo fue detenido por un policía en Bogotá, y apenas 5 minutos después, la grúa del parqueadero J&L llegó para llevarse su automóvil. Lo que inicialmente parecía un procedimiento rutinario se transformó en una trampa bien orquestada entre los agentes de policía y los empleados del parqueadero. «Es como si todo estuviera planeado. La policía nos detuvo, y al instante llegó la grúa del parqueadero J&L. Es claro que hubo complicidad entre ambos», señaló Javier, visiblemente indignado.
Javier también denuncia que el proceso judicial fue irregular desde el principio. Aunque la financiera Finanzauto nunca le envió la notificación del embargo de su vehículo, la orden de captura del automóvil llegó rápidamente al juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, el cual se demoro solo 5 días en emitir su fallo. Sin embargo, el propietario no recibió ninguna respuesta por parte del juzgado durante casi un mes y medio después de pagar la deuda y solicitar la liberación del vehículo, lo que empeoró aún más la situación. «El juzgado se tardó mes y medio en emitir una respuesta, a pesar de que coloqué un derecho de petición. Mientras tanto, el parqueadero no ofrecía información clara ni sobre los costos de custodia, ni sobre cómo recuperarlo», agregó.
Uno de los aspectos más sorprendentes y preocupantes de la denuncia de Javier fue el costo exorbitante que le exigieron para recuperar su automóvil. A pesar de que el parqueadero J&L cobra más de 70 mil pesos diarios por la custodia de los vehículos, la liquidación final ascendió a más de 7 millones de pesos, una cifra absurda, especialmente considerando que el costo del traslado de Bogotá a Guasca fue de 2.5 millones de pesos. Además, al momento de pagar, Javier tuvo que consignar el dinero en una cuenta personal para recuperar su vehículo y con el IVA incluido, lo que no solo resulta ilegal, sino también sumamente sospechoso. «Lo que viví fue un acto de extorsión claro, una mafia bien organizada entre la policía, los jueces y creo que Finanzauto también tiene que ver en esto, comento Javier Juan, ya que la financiera emiten las órdenes de embargo. Todo está hecho para que los deudores no tengamos ninguna posibilidad», concluyó Javier, exigiendo justicia y mayor transparencia en estos procedimientos. Según Javier tiene como comprobar todo lo del caso ya que tiene audios, fotos, mensajes e incluso documentos.
El entramado: ¿Cómo opera esta red de “caza-vehículos”?
La red parece tener un mecanismo bien establecido: los uniformados interceptan vehículos de personas con deudas de crédito vehicular, quienes a menudo están siendo objeto de procedimientos judiciales por impagos. Sin embargo, en lugar de llevar los vehículos a los parqueaderos autorizados, como establece la ley, los agentes de policía los trasladan clandestinamente a J&L, un parqueadero no registrado.
Una vez allí, los dueños de los vehículos se enfrentan a una serie de obstáculos burocráticos. Primero, los afectados son informados de que deben pagar una elevada suma por la custodia del vehículo, una cantidad mucho mayor de la que correspondería legalmente. En algunos casos, la policía exige pagos adicionales para “facilitar el proceso de liberación”, lo que claramente indica una estructura de extorsión.
El modus operandi también se refuerza con la complicidad de algunas empresas financieras, que pueden estar utilizando la falta de controles en los parqueaderos para encubrir una red de corrupción que afecta a los deudores más vulnerables. En este caso, Finanzauto figura como una de las entidades involucradas, ya que, a pesar de existir un acuerdo legal para que los vehículos sean custodiados en otros lugares, muchos de los autos están siendo desviados hacia Guasca, sin que se dé una explicación clara.
La connivencia entre las instituciones: Una red con múltiples implicados
La denuncia sobre este tema ha provocado la reacción de las autoridades, pero hasta ahora la Fiscalía no ha emitido ninguna acción contundente. El Alcalde de Guasca ha confirmado que hay sospechas sobre el parqueadero J&L, pero no se han hecho declaraciones oficiales. Las respuestas evasivas por parte de los responsables del parqueadero y la falta de un seguimiento más riguroso por parte de las autoridades locales son claros indicios de que esta operación clandestina sigue operando bajo la sombra.
Expertos en corrupción y derechos humanos advierten que este tipo de prácticas no solo afectan a los afectados directamente, sino que también socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, especialmente en los cuerpos de seguridad y en el sistema judicial.
Un llamado a la justicia
Mientras tanto, las víctimas, como Angie Paola, Javier Juan, siguen luchando por que la justicia investigue estos presuntos delitos y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. El caso pone en evidencia la grave falta de transparencia y control en las instituciones involucradas.
«Las personas como yo, que no tenemos recursos suficientes, somos las que más sufren en estos casos. Mi vehículo no es solo un medio de transporte, es mi fuente de ingresos. El daño que me han causado no se puede medir solo en dinero, sino en el desgaste emocional y la impotencia que sentimos los afectados», concluyó Angie.
«Solo espero que la DIAN, la Policía, la Superfinanciera, Supersociedades y la Fiscalía actúen e investiguen a fondo por la complicidad de esta mafia. No es justo que los ciudadanos tengamos que ser víctimas de este tipo de prácticas ilegales y corruptas.» – comento Javier Juan.
Este caso refleja la necesidad urgente de reformas en los procedimientos judiciales de inmovilización de vehículos y de una mayor vigilancia a los establecimientos que custodian estos bienes. El llamado es claro: se debe investigar a fondo esta mafia de «caza-vehículos», a los involucrados y se deben tomar medidas para garantizar que los ciudadanos no sigan siendo víctimas de esta red de corrupción.
