Andesco llevó sus reparos frente a la Resolución CRA 1040 de 2026 ante el Consejo de Estado. El gremio presentó una solicitud de coadyuvancia a la demanda que busca tumbar la norma, al considerar que su contenido y la forma en que fue construida podrían afectar la prestación del servicio público de aseo, especialmente si las tarifas no reconocen los costos reales de operación de las empresas.
La discusión cobra importancia porque la resolución comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2027 y cobijaría a municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. Por eso, Andesco insiste en que es necesario revisar sus fundamentos técnicos y jurídicos antes de que entre en vigencia.
La preocupación del gremio no se limita al valor de las tarifas. También tiene que ver con la manera en que se elaboró la regulación. Según Andesco, la resolución definitiva incorporó más del 50 % de disposiciones nuevas frente al proyecto que se había puesto a consideración de los ciudadanos y los actores del sector, sin que esos cambios fueran sometidos a una nueva discusión.
Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con los efectos sobre las organizaciones de recicladores y los usuarios, debido a la derogación de algunas reglas relacionadas con el aprovechamiento de residuos.
Andesco también advierte que la metodología tarifaria debe respetar los principios establecidos en la Ley 142 de 1994, entre ellos la eficiencia económica, la neutralidad, la suficiencia financiera, la simplicidad y la transparencia.
A estas inquietudes se suman las diferencias que el gremio encontró entre algunos supuestos técnicos de la resolución y las condiciones reales de operación. Uno de los ejemplos está en el rendimiento diario de las barredoras sobre chasis: mientras la metodología contempla 57,42 kilómetros, Andesco señala que una referencia operativa cercana a los 32 kilómetros resulta más ajustada a la realidad. También cuestiona que la tasa de mantenimiento de estos equipos se haya reducido del 21,14 % al 10 %.
Para el gremio, estos parámetros deben revisarse porque pueden terminar afectando la capacidad de las empresas públicas, privadas y mixtas para cubrir sus costos y garantizar la continuidad del servicio.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, explicó que la actuación ante el Consejo de Estado busca dar respaldo jurídico y técnico a una discusión que, en su opinión, debe resolverse con participación de todos los actores involucrados.
El dirigente señaló que el gremio solicita la suspensión provisional de la resolución mientras se estudia la demanda de nulidad. También reiteró la necesidad de abrir un nuevo proceso de construcción técnica con el Gobierno nacional, la CRA, las ciudades, los prestadores, los recicladores y los usuarios. Según indicó, están en juego la continuidad y la calidad del servicio para 36 millones de personas.
Una discusión que viene desde septiembre
La actuación ante el Consejo de Estado no es el primer paso que da Andesco frente a esta regulación. El pasado 22 de septiembre, el gremio presentó ante el Gobierno nacional una solicitud de revocatoria directa de la Resolución CRA 1040. Ahora, con la admisión de la demanda de nulidad, decidió intervenir como coadyuvante para aportar sus argumentos al proceso judicial.
Su propuesta es que se instale una mesa técnica y participativa que permita construir una nueva regulación con información verificable. Entre los temas que considera necesario revisar están los costos eficientes de equipos y tecnologías, los rendimientos que realmente pueden alcanzar las ciudades, los costos laborales, la disposición final de residuos y las inversiones que requiere el sector.
Los recicladores también hacen parte de la discusión
Andesco insiste en que cualquier modificación del marco tarifario debe respetar los derechos de los recicladores de oficio, su proceso de formalización y una remuneración adecuada por su trabajo. El gremio considera que sus organizaciones deben participar directamente en la elaboración de una nueva regulación.
La discusión, por tanto, va más allá de una diferencia entre un gremio y una autoridad regulatoria. Lo que está sobre la mesa es cómo establecer un esquema tarifario que responda a las condiciones reales de prestación del servicio, garantice la sostenibilidad de las empresas y proteja a los usuarios y recicladores.
Mientras avanza el proceso judicial, Andesco mantiene su llamado al Gobierno y a la CRA para revisar la resolución y encontrar una salida concertada antes de su entrada en vigencia, prevista para el 1 de enero de 2027.
Por: Carlos Amaya
