En un país donde la energía no es solo un insumo, sino un derecho esencial para la dignidad y el desarrollo, los gremios más representativos del sector energético han decidido alzar la voz. No con el ánimo de frenar reformas, sino para evitar que una mal diseñada termine lastimando, aún más, a los hogares más vulnerables.
ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, ACP, la Cámara Colombiana de la Energía, AGREMGAS, GASNOVA, ANDI y ASOENERGÍA —que representan a todos los eslabones del sistema energético colombiano— han emitido un pronunciamiento conjunto dirigido al Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. En él expresan una seria preocupación técnica, jurídica y social sobre el anteproyecto de ley que busca reformar el régimen tarifario de energía eléctrica.
Una reforma con buenas intenciones, pero con efectos regresivos
El país atraviesa una compleja coyuntura: la tarifa de energía en muchas regiones es insoportable, especialmente en la Costa Caribe, donde las facturas superan la capacidad de pago de cientos de miles de familias. Sin embargo, los gremios advierten que la propuesta del Gobierno, lejos de aliviar esta carga, puede terminar empeorando el problema, generando nuevas inequidades, inestabilidad regulatoria y, en última instancia, mayores costos para todos.
Uno de los puntos más sensibles está en el artículo 2 del anteproyecto, donde se propone trasladar a los estratos 4, 5, 6 y a los usuarios no residenciales el pago de la deuda acumulada por los estratos subsidiados (1, 2 y 3), bajo la figura de la Opción Tarifaria. En otras palabras: quienes ya pagaron su factura o siguen haciéndolo religiosamente, terminarían cubriendo las deudas de otros usuarios y, en muchos casos, del mismo Estado.
“¿Es justo que un pequeño empresario que lucha por sobrevivir en una zona industrial de Bogotá tenga que cargar con la deuda acumulada por malas decisiones pasadas o por el incumplimiento del Gobierno en su deber de subsidiar?” —pregunta retóricamente uno de los líderes gremiales.
Inversiones bloqueadas, oferta estancada y generación en pausa
El documento, de más de 20 páginas, no solo pone el dedo en la llaga de las tarifas. También llama la atención sobre el retraso estructural en la expansión energética del país. Hoy, más del 55% de los proyectos de transmisión están retrasados, y solo el 28% de la nueva generación prometida ha entrado en operación. Sin nueva energía, sin nuevas líneas de transmisión, los precios seguirán subiendo.
Además, medidas como las propuestas en la reforma pueden desalentar la inversión privada, al cambiar las reglas de juego y generar incertidumbre jurídica.
¿Y el pueblo qué?
A primera vista, el proyecto de ley puede parecer diseñado para proteger a los más vulnerables. Pero los gremios señalan que su aplicación puede provocar el efecto contrario: más subsidios cruzados, más presión sobre quienes ya están cumpliendo, menos inversión, y más riesgo de apagones o colapsos tarifarios.
En regiones de clima cálido, por ejemplo, muchos hogares deben usar ventiladores o aires acondicionados durante casi todo el día. Si se establece un tope de consumo para recibir subsidios —como contempla el artículo 3—, muchas de estas familias podrían quedar por fuera de la ayuda estatal, aun siendo vulnerables.
“La pobreza energética también se mide en grados Celsius”, afirma una fuente cercana al sector. “No podemos seguir diseñando subsidios con base en estrato y consumo, sin entender la realidad climática y social del país”.
Riesgos para la independencia regulatoria
Otro de los puntos más delicados del anteproyecto está en la propuesta de modificar la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). El Gobierno busca ampliar la participación ciudadana incluyendo actores con intereses sectoriales. Pero los gremios advierten que esto puede terminar diluyendo la independencia técnica del ente regulador y comprometiendo decisiones clave sobre precios, subsidios y regulación del mercado.
“Una regulación influenciada por intereses políticos o particulares puede ser una bomba de tiempo para la estabilidad energética del país”, advierte el pronunciamiento.
Lo que proponen los gremios: soluciones concretas y realistas
Más allá de las críticas, los gremios proponen un camino alternativo, basado en acciones inmediatas y menos traumáticas para el sistema:
- Acelerar la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión.
- Mejorar la focalización de subsidios usando un Registro Universal de Ingresos (RUI).
- Combatir el robo de energía, especialmente en la Costa Caribe.
- Fortalecer la cultura del consumo responsable.
- Modernizar el mercado eléctrico para reducir la volatilidad de los precios.
En resumen, insisten en que la solución no necesariamente está en una nueva ley, sino en hacer cumplir las reglas ya existentes, corregir los cuellos de botella y construir confianza con señales claras al mercado.
Una reforma que necesita más diálogo
En tiempos donde las decisiones económicas golpean directamente la calidad de vida de millones de personas, los gremios hacen un llamado a la prudencia. El país no necesita improvisaciones ni fórmulas populistas. Necesita reformas técnicas, responsables, construidas con evidencia, diálogo y visión de largo plazo.
“No podemos resolver la pobreza energética creando pobreza regulatoria”, concluye uno de los firmantes del pronunciamiento.
Colombia está ante un dilema: transformar su modelo energético con equidad y sostenibilidad, o hundirse en una espiral de desconfianza, tarifas impagables y servicios en riesgo. La decisión está en manos del Congreso, del Ejecutivo… y de todos nosotros como sociedad.
