Es un hecho. La Superintendencia de Notariado y Registro y el Gobierno Nacional le cumplen al país. La entidad fijó las nuevas tarifas por el ejercicio de la función notarial, que estarán en vigencia durante el 2026 y cuyo incremento no excede el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, calculado en 5,10 %.
“Ya están vigentes las tarifas que serán aplicables, este año, a la prestación del servicio público notarial. En la resolución que las regula se encuentran, de igual forma, los actos exentos de pago, como el reconocimiento de documentos privados para personas discapacitadas”, afirma la superintendente Delegada para el Notariado, Isabella Andrea Hernández Aranda.
Algunos de los trámites que no generan costo para los usuarios son las declaraciones extrajuicio rendidas por mujeres cabeza de familia, la inscripción de los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, la expedición de la primera copia del registro civil de nacimiento y la protocolización del acta de matrimonio.
Entre tanto, el cambio de nombre o la corrección del registro de estado civil tiene un valor de
$64.200, mientras que el matrimonio celebrado en notaría cuesta $64.700. Cuando este sea realizado en otro lugar, los contrayentes deberán cancelar $174.800.
Si se trata de actos que por su naturaleza carecen de cuantía o aquellos en los que esta no puede ser determinada, el interesado debe pagar $90.600. Por su parte, la imposición de la firma digital y el tránsito o la transferencia cibernética generan un importe de $10.400.
En este punto es importante aclarar que, si son varios folios, el ciudadano debe asumir un 10 % adicional por cada hoja enviada, independientemente del valor de la autenticación. Además, los usuarios deben tener en cuenta que, al monto de los derechos notariales, se suman el IVA y el precio de las hojas de papel notarial con las correspondientes copias.
Las nuevas tarifas, que entraron en vigencia este mes, deben ser publicadas por las notarías en un sitio visible. Así mismo, estos despachos están en la obligación de emitir las facturas electrónicas, debidamente discriminadas por cada pago percibido.
