Lafaurie pide vigilancia de Procuraduría y Contraloría al proceso de contratación de auditoría al Fondo Nacional del Ganado

– El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, solicitó vigilancia preventiva de los organismos de control sobre el concurso de méritos del Ministerio de Agricultura para auditar el Fondo Nacional del Ganado. Advierte posibles riesgos fiscales, cuestiona los plazos y pide garantías de transparencia antes de adjudicar el contrato.

Una auditoría de $658,8 millones para revisar dos años de administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG) encendió las alertas de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN). Su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, acudió formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para solicitar vigilancia sobre el proceso de contratación que adelanta el Ministerio de Agricultura, ante posibles riesgos para el patrimonio público y dudas sobre las condiciones técnicas, los requisitos de selección y el tiempo disponible para ejecutar la consultoría.

Las solicitudes quedaron consignadas en dos comunicaciones oficiales dirigidas a los organismos de control los días 11 y 12 de noviembre de 2026. En ellas, Lafaurie pidió examinar el concurso de méritos MADR-CM-005-2026, mediante el cual el Ministerio pretende contratar, por $658.865.400, una auditoría forense a la administración de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG), correspondientes a las vigencias 2024 y 2025.

El dirigente gremial aclaró que FEDEGÁN no pretende impedir las auditorías ni desconocer las facultades de vigilancia del Ministerio. Sin embargo, considera necesario que la contratación responda a criterios de transparencia, planeación, economía y rigor técnico.

“No solicitamos que se impida la auditoría. Solicitamos que se garantice que su contratación y ejecución respondan exclusivamente al interés público, a criterios técnicos y a los principios que rigen la contratación estatal”, manifestó en la comunicación dirigida a la Procuraduría.

Procuraduría, llamada a vigilar el proceso antes de su adjudicación

En el oficio PE-01124-2026, dirigido el 11 de noviembre al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, Lafaurie solicitó disponer una vigilancia preventiva especial y prioritaria sobre el concurso de méritos, particularmente durante las etapas previas a la adjudicación del contrato. El propósito es que el Ministerio Público examine las condiciones del proceso y contribuya a garantizar su transparencia.

La solicitud se fundamenta, entre otros antecedentes, en las observaciones formuladas por la Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (VESAN), mediante el Oficio n.º 030 del 10 de noviembre de 2026. Según la comunicación de FEDEGÁN, la veeduría planteó reparos al proyecto de pliego de condiciones, al estudio previo y al anexo técnico, relacionados con posibles restricciones a la competencia, requisitos profesionales específicos y dificultades para ejecutar integralmente la auditoría.

Lafaurie precisó que los cuestionamientos de la organización ciudadana no constituyen pruebas de irregularidades, pero considera indispensable que sean evaluados antes de continuar con la contratación. “Sin que FEDEGÁN pretenda asumir como demostradas las presuntas irregularidades señaladas por dicha organización, consideramos que varios de sus reparos merecen una valoración preventiva por parte del Ministerio Público”, expresó en la carta enviada al procurador.

Contraloría, ante posibles riesgos para el patrimonio público

La segunda comunicación, identificada con el número PE-01128-2026 y fechada el 12 de noviembre, fue dirigida al contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas. En ella, el presidente ejecutivo de FEDEGÁN solicitó evaluar la procedencia de una vigilancia fiscal especial, preventiva y concomitante sobre el mismo concurso de méritos, con énfasis en la protección de los recursos públicos y el cumplimiento del principio de economía.

El dirigente gremial advirtió que una contratación insuficientemente planeada podría generar riesgos de ineficiencia del gasto, especialmente si las condiciones establecidas no permiten ejecutar todas las actividades previstas.

En ese sentido, señaló que “Si las condiciones contractuales no permiten desarrollar las verificaciones exigidas, existe el riesgo de que el Estado termine destinando $658.865.400 a una consultoría cuyos productos resulten incompletos, técnicamente insuficientes o carentes de la utilidad esperada”.

En la solicitud, Lafaurie invocó el principio de economía contemplado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y las disposiciones constitucionales sobre vigilancia fiscal preventiva y concomitante. También pidió que la Contraloría valore la suficiencia de la planeación contractual, la proporcionalidad de los requisitos exigidos a los oferentes y la pertinencia de formular advertencias preventivas si identifica riesgos de afectación al patrimonio público.

Dos años de operaciones para revisar en un plazo cuestionado

Uno de los principales interrogantes planteados por FEDEGÁN está relacionado con el tiempo disponible para ejecutar la auditoría. De acuerdo con las condiciones del concurso descritas en las comunicaciones, la consultoría deberá revisar integralmente la gestión contractual, financiera, contable, patrimonial y administrativa del Fondo Nacional del Ganado durante 2024 y 2025.

El alcance contempla, además, verificaciones regionales, análisis de hallazgos, cuantificación de eventuales perjuicios y elaboración de un dictamen con enfoque forense. Sin embargo, según los documentos remitidos por Lafaurie, la ejecución contractual está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, pese a que todavía deben surtirse las etapas de selección, adjudicación y perfeccionamiento del contrato.

En su más reciente columna de opinión titulada “Auditorías sí, pero…”, el alto ejecutivo planteó el interrogante: ¿Cómo revisar dos años de registros contables y contractuales, realizar visitas regionales, evaluar evidencias, garantizar la contradicción de hallazgos y entregar un dictamen forense si el contrato debe finalizar el 31 de diciembre y todavía se encuentra en selección?

Requisitos de contratación y acceso a información también generan dudas

Otro aspecto que Lafaurie pidió examinar es la proporcionalidad de los requisitos establecidos para seleccionar al contratista. De acuerdo con las observaciones de VESAN recogidas en la comunicación a la Procuraduría, existen inquietudes sobre las exigencias de experiencia especializada, los perfiles profesionales y la concentración del puntaje en determinados factores de evaluación.

El dirigente gremial también solicitó verificar las condiciones de acceso a la información durante la estructuración del concurso. Según las observaciones citadas, el Ministerio habría solicitado cotizaciones a potenciales proveedores y les habría suministrado anticipadamente información técnica sobre la consultoría. Aunque reconoció que esta práctica puede ser legítima dentro de los estudios de mercado, consideró necesario comprobar que todos los interesados hayan contado con igualdad de oportunidades.

La Federación también manifestó preocupación por las solicitudes de información que el Ministerio viene realizando antes de seleccionar al auditor. “Nuestra preocupación no radica en suministrar dicha información, obligación que estamos dispuestos a atender plenamente, sino en asegurar que su recepción, custodia y eventual utilización por terceros se realicen bajo procedimientos transparentes que impidan cualquier ventaja informativa indebida”, explicó Lafaurie en su comunicación a la Procuraduría.

¿Qué garantías tendrá la auditoría forense?

En la carta dirigida a la Contraloría, el dirigente gremial llamó la atención sobre la necesidad de identificar expresamente las normas técnicas y profesionales que deberán regir la consultoría. Señaló que una auditoría de esta naturaleza requiere procedimientos que garanticen la integridad, trazabilidad, suficiencia y confiabilidad de las evidencias, especialmente cuando sus resultados puedan tener utilización probatoria.

Lafaurie mencionó disposiciones como la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, relacionadas con el ejercicio profesional de la auditoría, el aseguramiento de información y la ética profesional. Asimismo, insistió en que debe distinguirse la consultoría especializada contratada por el Ministerio de las funciones constitucionales de control fiscal que corresponden a la Contraloría General de la República.

“La contratación de una firma privada para auditar recursos públicos no puede traducirse en una disminución de las exigencias de rigor profesional, independencia técnica y sustentación probatoria”, advirtió en la comunicación dirigida al organismo de control fiscal.

FEDEGÁN recuerda que ya existen auditorías oficiales

Otro de los argumentos expuestos por Lafaurie es que la Contraloría General de la República ya ha practicado auditorías sobre la administración de los recursos parafiscales ganaderos, cuyos resultados, según el dirigente, han sido favorables y se encuentran consignados en informes oficiales.

Por esta razón, pidió que esos antecedentes sean considerados al evaluar la justificación técnica y económica de la nueva consultoría. En su escrito semanal, Lafaurie sostuvo: “Los informes de la Contraloría son antecedentes oficiales que el Ministerio debería considerar antes de comprometer recursos”.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN aclaró que el Ministerio de Agricultura tiene derecho a profundizar en el manejo de los recursos parafiscales o evaluar la efectividad de las inversiones. Sin embargo, considera necesario explicar qué aspectos no han sido resueltos por las auditorías anteriores y cuál sería el valor agregado de contratar una nueva revisión por $658.865.400.

La sanidad animal y los resultados de la parafiscalidad ganadera

En medio de las diferencias institucionales, Lafaurie también defendió los resultados alcanzados mediante los programas financiados con los recursos parafiscales aportados por los productores. En su columna destacó las coberturas de vacunación contra la fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia bovina, que situó cerca del 99 % y señaló como verificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El dirigente mencionó igualmente la apertura de mercados internacionales, las exportaciones de carne, ganado en pie y derivados lácteos, así como los programas de promoción del consumo de carne y leche, mejoramiento genético y productividad. Estos resultados, según su planteamiento, reflejan el alcance de la institucionalidad ganadera y su contribución al desarrollo rural.

“Detrás está el esfuerzo de los ganaderos, que aportan los recursos, y una institucionalidad que los transforma en bienes y servicios para el desarrollo rural”, expresó Lafaurie, al recordar que la administración de la parafiscalidad tiene como finalidad beneficiar colectivamente a los productores y fortalecer la actividad pecuaria nacional.

Lafaurie pide actuar antes de comprometer los recursos

Las solicitudes dirigidas a la Procuraduría y a la Contraloría coinciden en un aspecto fundamental: la necesidad de que los organismos de control evalúen oportunamente los riesgos advertidos, antes de que culmine el proceso de selección y se adjudique el contrato. En ambos documentos, FEDEGÁN insiste en que no pretende interferir en las competencias del Ministerio de Agricultura ni anticipar juicios sobre funcionarios o particulares.

En la comunicación al contralor, Lafaurie explicó que el objetivo es evitar que eventuales deficiencias de planeación se traduzcan en un uso ineficiente de los recursos públicos. “La vigilancia fiscal no debe limitarse a establecer, una vez ejecutados los recursos, si se produjo un eventual detrimento patrimonial”, sostuvo, al destacar la importancia de identificar oportunamente los riesgos.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN sintetizó su posición en su más reciente análisis: “Auditorías sí, todas las que estén debidamente justificadas. Pero con transparencia desde el primer día, porque el gobierno también debe dar ejemplo de aquello que exige”.

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