El Padre Harold Castilla Devoz, Vicepresidente de ASCUN, advierte que gravar a las instituciones revela una «profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación», señalando que el sistema mixto es un pilar del Estado social de derecho que no puede ser tratado como un bien transable.
Para el líder académico, equiparar a las Instituciones de Educación Superior privadas con empresas comerciales desconoce que éstas son entidades sin ánimo de lucro que no distribuyen utilidades ni reparten dividendos. «Los excedentes, cuando los hay, se reinvierten en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, subsidios educativos, tecnología y expansión territorial». Destaca que el ecosistema de instituciones privadas ha sido aliada estructural del Estado en la regionalización de la educación superior donde la oferta pública es insuficiente.
La estabilidad de más de 1.2 millones de estudiantes matriculados en el sector privado dependen de estructuras financieras que hoy operan con márgenes operativos estrechos. Por su parte, UNIMINUTO, que tiene una vocación social y que lidera este impacto con una matrícula de más de 90,000 estudiantes (atendiendo a principalmente a estudiantes de ingresos bajos y medios en poblaciones de difícil acceso a la educación), sostiene que los activos de las universidades están al servicio de la calidad de todo el pueblo colombiano. «No es justo y es conceptualmente equivocado presentarlas como un conglomerado de élite desconectado de la realidad social»,.
Castilla Devoz enfatiza que se está confundiendo ingresos con utilidades, ignorando que la educación no puede convertirse en una «variable de ajuste fiscal ni en un símbolo ideológico». Según la organización, el impacto de esta medida no recae sobre supuestos dueños, sino sobre las familias. «La paradoja es evidente: en nombre de la equidad se podría terminar reduciendo acceso, limitando inversión en calidad o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades», advierte.
Finalmente, hace un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas, pero exigiendo que se respete la función social del sistema. La sostenibilidad del modelo depende de entender que la educación es un instrumento central de movilidad social, y que cualquier presión tributaria adicional sobre las IES privadas termina siendo una barrera para los estudiantes y familias colombianas en los territorios.
