La llegada de un nuevo Gobierno representa una oportunidad para fortalecer uno de los sectores más estratégicos del país: el de la energía eléctrica y el gas natural. Sin embargo, el panorama que recibirá la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, estará marcado por desafíos que exigen decisiones técnicas, inversiones oportunas y una visión de largo plazo. Con este contexto, Andesco lanzó un llamado para que la seguridad energética se convierta en una prioridad de Estado desde el primer día de la nueva administración.
El gremio felicitó a la nueva ministra por su designación por parte del presidente electo Abelardo De La Espriella y destacó su trayectoria técnica, su conocimiento del sector y su liderazgo durante varios años al frente del operador del mercado de energía eléctrica. No obstante, advirtió que el país enfrenta riesgos simultáneos que amenazan la continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos.
Entre las principales preocupaciones figuran el riesgo de desabastecimiento de energía y gas natural, la reducción de la producción nacional de gas, el retraso de proyectos estratégicos de infraestructura, la incertidumbre regulatoria, las restricciones financieras que afectan a las empresas prestadoras y la posible llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de la historia reciente.
La situación de la región Caribe también ocupa un lugar prioritario. Según Andesco, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos requiere cerca de seis billones de pesos para garantizar la continuidad del servicio de Air-e y responder por las obligaciones que mantiene con otros actores del sistema, compromisos que superan los 2,7 billones de pesos.
Frente a este escenario, Andesco presentó cinco grandes retos que considera indispensables para garantizar la seguridad energética del país.
El primer reto es convertir la seguridad energética en una política de Estado. El gremio propone la creación de un Consejo Presidencial de Seguridad Energética que haga seguimiento permanente a las variables críticas del sistema, permita destrabar los proyectos estratégicos de generación eléctrica e importación de gas natural, reactive la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, impulse campañas de ahorro y acelere iniciativas como el proyecto costa afuera Sirius, además de fortalecer la oferta de energía mediante subastas tecnológicamente neutrales.
El segundo reto consiste en recuperar la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos. Para lograrlo, Andesco considera fundamental que el Gobierno honre las obligaciones derivadas de la intervención de Air-e, pague la totalidad de los subsidios pendientes y garantice los recursos presupuestales necesarios. Asimismo, plantea establecer marcos tarifarios que permitan equilibrar la eficiencia, la sostenibilidad financiera y la inversión.
El tercer reto es devolver la confianza para invertir en infraestructura energética. El gremio considera indispensable recuperar la estabilidad regulatoria y revisar normas que hoy generan incertidumbre para los inversionistas, entre ellas las relacionadas con la contratación obligatoria de energía para las hidroeléctricas, las restricciones ambientales sobre los embalses y las modificaciones al Cargo por Confiabilidad. Andesco insiste en que el respeto por los contratos y la independencia técnica de las entidades serán claves para atraer nuevas inversiones y acelerar la ejecución de proyectos prioritarios para el sistema eléctrico nacional.
El cuarto reto es construir una solución estructural para la región Caribe. La propuesta busca definir un modelo de prestación del servicio que permita recuperar el equilibrio financiero del sistema, incentive a los operadores a mejorar la calidad del servicio y tenga en cuenta las condiciones sociales y económicas propias de esta región del país.
El quinto reto consiste en garantizar que las decisiones del sector sean técnicas y no políticas. Para ello, Andesco propone fortalecer los procesos meritocráticos en la designación de directivos, preservar la independencia de las entidades reguladoras y asegurar la separación de funciones dentro del sector energético, con el propósito de consolidar instituciones sólidas que generen confianza entre usuarios e inversionistas.
Desde Andesco existe la convicción de que Colombia cuenta con el conocimiento técnico, la capacidad empresarial y la infraestructura necesaria para superar estos desafíos. No obstante, advierte que será indispensable construir una política energética de Estado con visión de largo plazo que garantice un suministro continuo, confiable y asequible para todos los colombianos.
Las decisiones que adopte el nuevo Gobierno durante sus primeros meses serán determinantes para definir el futuro energético del país. Más allá de responder a las necesidades inmediatas, el verdadero desafío será construir un sistema capaz de garantizar seguridad, competitividad y sostenibilidad para las próximas décadas.
