Por David Segura, gerente TI en AyT.
Durante años, la protección de datos personales fue considerada un asunto eminentemente tecnológico, se asociaba a firewalls, antivirus, respaldos y controles de acceso, delegando casi por completo la responsabilidad a las áreas de TI. Sin embargo, ese paradigma quedó atrás.
La próxima entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales representa un punto de inflexión para las empresas chilenas y que, más allá de adaptarse a una nueva exigencia regulatoria, generará una oportunidad para comprender que la forma en que una empresa administra la información se ha convertido en un elemento determinante para su reputación, su continuidad operacional y, sobre todo, para la confianza que genera en clientes, colaboradores, proveedores y socios estratégicos.
Hoy los datos son uno de los activos más valiosos de cualquier organización, una gestión inadecuada puede traducirse en sanciones, interrupciones operacionales, pérdida de credibilidad y un impacto difícil de revertir en la relación con el mercado. Lo anterior exige un cambio de enfoque que busque construir una verdadera cultura de gobernanza de datos, donde existan políticas claras, responsabilidades definidas, procesos documentados y una visión transversal que involucre a todas las áreas de la organización.
AyT es una empresa especialista en medición y generación de datos, y en nuestra experiencia, este proceso comienza más allá de la misma tecnología, debe tener claridad en los procedimientos, roles o mecanismos de control que permitan asegurar un tratamiento adecuado de la información durante todo su ciclo de vida.
Con el desafío de la nueva ley en mente, en nuestra empresa decidimos realizar un diagnóstico interno para evaluar nuestro nivel de madurez en materia de protección de datos personales. El objetivo fue identificar brechas, revisar nuestros procesos y comprender dónde debíamos fortalecer nuestra gestión para responder a un escenario regulatorio más exigente y a las crecientes expectativas de nuestros clientes.
Ese ejercicio dio paso a una hoja de ruta de implementación que considera la actualización de procedimientos, la revisión de políticas internas, el fortalecimiento de las medidas de seguridad y la incorporación de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO), un rol que permitirá consolidar una gobernanza más robusta y asegurar que la protección de datos forme parte de las decisiones estratégicas de nuestra empresa.
Porque más allá del cumplimiento normativo, este tipo de iniciativas generan beneficios concretos; una empresa que administra adecuadamente la información reduce riesgos operacionales, fortalece la confianza de sus grupos de interés, mejora sus procesos internos y demuestra un compromiso real con la transparencia y la responsabilidad corporativa.
La transformación digital avanza a gran velocidad; la automatización, inteligencia artificial, plataformas en la nube e Internet de las Cosas generan enormes oportunidades para innovar, pero también multiplican los desafíos asociados al tratamiento de datos personales. Por eso resulta indispensable que las organizaciones incorporen la privacidad y la seguridad desde el diseño de sus procesos y no como una capa adicional cuando los proyectos ya están en marcha.
La nueva legislación entrega una oportunidad para que las empresas revisen sus prácticas, fortalezcan su gobernanza y construyan relaciones más sólidas con quienes depositan en ellas uno de sus activos más sensibles, su información personal. Las organizaciones que comprendan este cambio no sólo estarán mejor preparadas para cumplir con la normativa, también estarán construyendo confianza, un activo mucho más valioso y difícil de replicar.
