En una rueda, directa y cargada de definiciones políticas, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, dejó claro que el país atraviesa uno de los momentos diplomáticos más delicados de los últimos años. Con la crisis en Venezuela como telón de fondo y las tensiones con Estados Unidos en aumento, el Gobierno colombiano optó por un mensaje firme: la soberanía no se negocia y la paz no se impone por la fuerza.
Desde el inicio, la canciller fue enfática al responder sobre un eventual reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. Colombia, dijo, no elige gobiernos ajenos ni desconoce los procesos internos de otros Estados. “Solamente los venezolanos, desde su soberanía, podrán decidir su destino”, reiteró, subrayando que, ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro, la continuidad de la vicepresidenta responde al ordenamiento jurídico interno venezolano, una decisión que Colombia respeta sin matices.
Pero el mensaje fue más allá de lo jurídico. Villavicencio rechazó de manera categórica cualquier amenaza, agresión o intento de intervención de carácter colonialista, venga de donde venga. En un tono que combinó diplomacia y defensa institucional, sostuvo que Colombia no acepta imposiciones externas ni acciones que desconozcan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Uno de los momentos más sensibles de la rueda de prensa estuvo relacionado con la relación bilateral con Estados Unidos. La canciller confirmó que se reunirá con el embajador encargado, John McNamara, para entregar una nota verbal de protesta frente a las declaraciones del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro. Para el Gobierno colombiano, el asunto no es personal ni retórico: “Una ofensa contra el presidente es una ofensa contra el país”, afirmó Villavicencio, recordando que Petro es el mandatario elegido democráticamente, jefe de Estado y de las fuerzas de seguridad.
Sobre las elecciones venezolanas de 2024, la postura del Gobierno colombiano no varía. La canciller reiteró que Colombia no reconoció esos comicios por la falta de actas, tal como se señaló en su momento. Sin embargo, explicó que esa posición no anula la necesidad de mantener relaciones de Estado con Venezuela, una realidad impuesta por la geografía y la historia: cerca de tres millones de venezolanos viven en Colombia y alrededor de cuatro millones de colombianos residen en Venezuela, además de una dinámica fronteriza marcada por familias binacionales, comercio y movilidad constante.
En ese punto, Villavicencio fue clara en rechazar el camino de la fuerza. Para Colombia, la reciente agresión contra territorio venezolano representa una ruptura del Derecho Internacional Humanitario, especialmente cuando existían y existen mecanismos multilaterales para tramitar cualquier controversia. “No se puede justificar una agresión de esta naturaleza”, insistió.
En el plano multilateral, la canciller confirmó que se activarán todos los escenarios diplomáticos disponibles. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores será citada en los próximos días, mientras que Colombia continuará impulsando el debate en espacios como el Consejo de Seguridad de la ONU, la OEA y la CELAC, donde el país ejerce actualmente la presidencia pro tempore. La estrategia, según explicó el viceministro Mauricio, se concentra en denunciar la agresión y preservar la tradición pacífica de América Latina y el Caribe.
Otro eje clave fue la cooperación en seguridad con Estados Unidos. Villavicencio aclaró que el intercambio de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es permanente y no responde a coyunturas recientes. No obstante, defendió con vehemencia la política antidrogas del Gobierno Petro, insistiendo en que la erradicación por sí sola no resuelve el problema. La apuesta, dijo, está en transformar los territorios, sustituir cultivos y atacar las causas estructurales del conflicto, una visión que ya muestra resultados con miles de hectáreas en proceso de sustitución.
La frontera volvió a ocupar un lugar central en las preguntas. Ante el riesgo de desestabilización por la presencia de grupos armados ilegales, la canciller confirmó que el presidente Petro ordenó reforzar la seguridad y la asistencia a las poblaciones fronterizas, con planes de contingencia activos y seguimiento permanente por parte de Migración Colombia.
Quizás el momento más humano de la intervención llegó al hablar de los colombianos detenidos en Venezuela. Villavicencio reveló que la Cancillería mantiene contacto constante con los familiares y ha recibido testimonios preocupantes sobre presuntas violaciones al debido proceso, hacinamiento y suspensión de la gestión consular. Aun en medio de la incertidumbre, aseguró que la instrucción del Gobierno es clara: mantener la presencia diplomática y consular para proteger los derechos de los connacionales, sin abandonar la exigencia de mínimos humanitarios.
Finalmente, frente a la posibilidad de una agresión directa contra Colombia, la canciller fue prudente pero contundente. El país, dijo, confía en el Derecho Internacional, pero también cuenta con unas Fuerzas Armadas preparadas para defender la soberanía nacional bajo el mando del presidente Petro. “Deseamos que ese escenario nunca ocurra”, afirmó, reiterando que la única vía legítima es el respeto a la democracia, a la soberanía y a las normas internacionales.
En una coyuntura marcada por la incertidumbre regional, la rueda de prensa dejó una señal clara: Colombia no se alinea con la fuerza ni con la imposición, sino con la diplomacia, el multilateralismo y la defensa de sus instituciones. Una postura que, más que técnica, busca proteger a las personas que viven a ambos lados de la frontera y preservar la estabilidad de una región históricamente golpeada por el conflicto.
