Lo que para muchos ciudadanos podría parecer una buena noticia —una eventual reducción en la tarifa del servicio de aseo— podría esconder un problema mucho más profundo para las ciudades del país. Esa es la advertencia que lanzó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), al cuestionar el nuevo marco tarifario expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Según el gremio, la Resolución CRA 1040 de 2026, que establece las nuevas reglas tarifarias para los prestadores del servicio de aseo con más de 5.000 suscriptores, disminuiría el reconocimiento económico de actividades fundamentales como la recolección de residuos, el barrido de calles, la limpieza urbana, el transporte y la disposición final de las basuras.
Para Andesco, el problema no radica únicamente en la reducción de los ingresos de las empresas prestadoras, sino en las consecuencias que esto podría tener sobre millones de colombianos. El gremio sostiene que una tarifa calculada por debajo de los costos reales de operación comprometería la sostenibilidad financiera del servicio y podría traducirse, con el paso del tiempo, en una menor cobertura, deterioro en la calidad de la limpieza urbana e incluso una eventual crisis sanitaria en diferentes municipios.
La organización asegura que los cálculos utilizados por la autoridad regulatoria parten de supuestos que no reflejan la realidad operativa del sector. Entre sus principales cuestionamientos señala que los nuevos valores fueron construidos con rendimientos de trabajo considerados poco realistas y costos que, según afirma, están subestimados, sin un análisis de impacto normativo que permitiera anticipar las consecuencias de una regulación que tendrá una vigencia de diez años.
Pero las críticas van más allá del aspecto económico. Andesco sostiene que durante el proceso de construcción del nuevo marco tarifario no existió una discusión técnica suficiente con las empresas del sector. De acuerdo con el gremio, la CRA no publicó la totalidad de los modelos de cálculo ni las bases de datos que respaldaron la metodología, lo que habría impedido una participación informada durante las consultas públicas realizadas en diferentes ciudades del país.
Además, asegura que la versión definitiva de la resolución incorporó modificaciones sustanciales frente al documento inicialmente presentado para comentarios, incluyendo nuevos componentes tarifarios y reducciones adicionales en algunos costos reconocidos, cambios que, a juicio del sector, debieron ser sometidos nuevamente a consulta pública.
Otro de los puntos que genera preocupación tiene que ver con el tratamiento que recibe la actividad de aprovechamiento de residuos. Andesco considera que el nuevo esquema termina otorgando un reconocimiento económico superior a esta actividad frente a la recolección tradicional de residuos, alterando el equilibrio establecido en la Ley 142 de 1994, donde la recolección constituye la actividad principal del servicio público de aseo.
El gremio también recordó que la propia Superintendencia de Industria y Comercio, durante el proceso regulatorio, realizó observaciones relacionadas con la representatividad de las muestras utilizadas para calcular los rendimientos operativos, los descuentos asociados a indicadores de calidad y la necesidad de incorporar análisis adicionales sobre el comportamiento de la demanda. Según Andesco, varias de esas recomendaciones no fueron plenamente acogidas.
La preocupación también alcanza a las administraciones municipales. Conforme a la legislación vigente, los alcaldes son responsables de garantizar la prestación eficiente del servicio público de aseo. Si la regulación no permite recuperar los costos reales de operación, advierte el gremio, muchas actividades podrían dejar de ser financieramente viables, obligando a los municipios a asumir nuevamente parte de estos costos con recursos públicos, un escenario que Colombia ya experimentó décadas atrás.
Frente a este panorama, Andesco hizo un llamado al nuevo Gobierno Nacional para revisar integralmente la Resolución CRA 1040 de 2026, publicar los modelos técnicos que soportan la metodología y abrir un nuevo proceso de discusión que permita fortalecer la transparencia y garantizar la sostenibilidad del servicio.
Para el gremio, una regulación técnicamente sólida no solo protege la estabilidad de las empresas prestadoras, sino también la salud pública, el cuidado del medio ambiente y el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio de aseo continuo, eficiente y de calidad.
La discusión apenas comienza y podría convertirse en uno de los primeros grandes debates sobre servicios públicos que enfrentará el próximo gobierno, en un momento en el que el país busca avanzar hacia una economía circular y fortalecer su política de Basura Cero, sin poner en riesgo uno de los servicios esenciales para la vida urbana.
