Un auténtico ‘chicharrón’ regulatorio y una amenaza latente de crisis sanitaria tienen en máxima alerta a las principales ciudades del país. En el ojo del huracán está la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026, el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo expedido a marchas forzadas por el Gobierno saliente a escasos días de entregar el mandato.
El remezón es de tal magnitud que la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) acaba de patear el tablero: radicó formalmente ante el Gobierno Nacional una solicitud de revocatoria directa contra esta normativa, advirtiendo un panorama desolador que incluye la quiebra inminente de las empresas del sector, un fuerte zarpazo a los recicladores de oficio y un inminente colapso de salud pública que afectaría de lleno a 36 millones de usuarios.
La estocada de Andesco se fundamenta en cuatro grietas estructurales que vician la norma. La primera es un insólito «mico» regulatorio: más del 50% de las disposiciones finales adoptadas en la resolución son totalmente nuevas y jamás fueron sometidas a discusión pública. Según el gremio, el proceso de participación ciudadana fue violado en su esencia, convirtiéndose en un mero trámite formal donde se ignoró la trazabilidad de las observaciones técnicas, jurídicas y operativas presentadas por los actores de la cadena.
El segundo gran dolor de cabeza radica en el cobro retroactivo del aprovechamiento de residuos. La norma derogó las reglas de cálculo anteriores, generando coletazos retroactivos que afectan tanto a las organizaciones de recicladores como a usuarios que ni siquiera forman parte del ámbito de aplicación de este marco tarifario.
A esto se suma el incumplimiento directo de los mandatos de la Ley 142 de 1994. Andesco señala que la metodología aprobada atenta contra la suficiencia financiera, la eficiencia económica, la neutralidad, la simplicidad y la transparencia. Al recortar la capacidad de cubrir los costos reales de operación, las obligaciones laborales, las exigencias ambientales y las inversiones futuras, la regulación deja sin aire a las empresas para garantizar la recolección diaria de desperdicios.
“Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia… Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio”, enfatizó con contundencia Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
Aunque el gremio tendió la mano para mantener un diálogo técnico y constructivo con el Gobierno en aras de corregir el rumbo y recuperar la confianza técnica del sector, la pelota quedó ahora en el campo del Ejecutivo. De no echarse atrás la Resolución 1040, las calles del país podrían terminar pagando el costo de una regulación firmada a quemarropa.
