Tres días, más de 4.000 asistentes, más de 700 personas conectadas y más de 90 conferencias después, el 28.º Congreso Andesco terminó en Cartagena dejando una conclusión que va mucho más allá de las cifras del encuentro: los servicios públicos ya no pueden analizarse por separado.
La energía sostiene las telecomunicaciones. El agua necesita infraestructura resiliente. La conectividad depende de redes y electricidad. La inteligencia artificial requiere centros de datos y enormes capacidades energéticas. Y todo ese ecosistema necesita inversión, regulación, seguridad y confianza.
Esa interdependencia fue quizás uno de los mensajes más fuertes que dejó el Congreso. Colombia está entrando en una etapa en la que una falla en un servicio puede terminar afectando a muchos otros.
El terremoto del pasado 10 de agosto fue uno de los ejemplos que apareció durante la última jornada. Felipe Díaz, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, explicó que después del agotamiento de las baterías de respaldo llegaron a registrarse 5.800 estaciones de comunicaciones indisponibles, y que el 75 % de esas afectaciones estuvo relacionado con el suministro de energía eléctrica.
«Colombia tiene un problema de redundancia y de resiliencia en su infraestructura de comunicaciones», advirtió Díaz.
La cifra permite entender que hablar de conectividad no es solamente hablar de tener internet o señal de celular. También significa garantizar que las redes puedan resistir un terremoto, una inundación, una falla energética o un ataque informático y recuperar rápidamente su operación.
El riesgo aumenta cuando parte de la infraestructura está concentrada. De acuerdo con lo expuesto durante el Congreso, una falla en la red troncal podría comprometer la conectividad de cerca de 450 municipios.
El nuevo mapa de los servicios públicos
El Congreso dejó atrás una visión en la que energía, agua, telecomunicaciones y tecnología se discutían como compartimentos independientes.
Gabriel Jurado, director de la Cámara TIC y TV de Andesco, lo resumió de manera gráfica: «Ya no estamos funcionando como feudos independientes. Estamos en un feudo único llamado el ecosistema digital».
La frase tiene implicaciones económicas profundas.
Colombia quiere más centros de datos, más inteligencia artificial, más digitalización, más conectividad y servicios más eficientes. Pero cada uno de esos objetivos necesita energía, infraestructura, redes robustas y reglas que permitan invertir.
Por eso, una de las discusiones que atravesó el Congreso fue precisamente la necesidad de actualizar la regulación frente a mercados que cambian a una velocidad que muchas veces supera la capacidad de las normas tradicionales.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones planteó avanzar hacia una regulación basada en riesgos, progresiva, gradual y escalable. Y desde la Superintendencia de Industria y Comercio también apareció un cambio de enfoque hacia la prevención.
«No queremos que nos vean como una autoridad eminentemente sancionatoria, sino como una autoridad preventiva», afirmó Rocío Bonilla, superintendente delegada para la Protección del Consumidor.
Es una discusión que importa tanto a las empresas como a los usuarios: reglas claras y previsibles pueden determinar si una inversión llega o se queda esperando.
Ciberseguridad: el servicio invisible que también hay que garantizar
Si la energía y la conectividad son las venas del nuevo ecosistema digital, la ciberseguridad aparece como uno de sus principales sistemas de protección.
Raffaele Marchetti llevó al Congreso una advertencia que adquiere especial relevancia mientras Colombia acelera la adopción de inteligencia artificial: las amenazas también están evolucionando.
«La ciberseguridad no es un costo, es la inversión que garantiza la continuidad operativa del Estado para que los servicios públicos nunca se detengan», afirmó.
La discusión ya no consiste solamente en proteger computadores o bases de datos. Se trata de proteger infraestructura crítica, sistemas de operación y servicios que millones de personas necesitan diariamente.
Y la inteligencia artificial agrega una nueva dimensión. A medida que aumenta su utilización, también crece la escala y sofisticación de los riesgos que deberán enfrentar empresas y entidades públicas.
La inversión vuelve a ser la palabra clave
Detrás de buena parte de las conversaciones del Congreso apareció una pregunta que Colombia tendrá que responder: ¿cómo financiar la infraestructura que necesita el país?
Más generación de energía, seguridad hídrica, modernización de redes, conectividad, centros de datos y sistemas inteligentes requieren inversiones de largo plazo.
Andesco planteó la necesidad de cerrar brechas de conectividad y crear condiciones para atraer nuevas inversiones en centros de datos, teniendo en cuenta la capacidad energética que estos proyectos demandan.
Pero el problema no es solamente tecnológico.
Durante los tres días también estuvieron sobre la mesa las tarifas, los subsidios, las deudas del sistema, la seguridad jurídica, la regulación y la necesidad de garantizar que las empresas tengan capacidad financiera para continuar invirtiendo.
La discusión es compleja porque existe una tensión que no admite soluciones simples: los usuarios necesitan servicios accesibles, pero el sistema también requiere recursos para mantener, ampliar y modernizar la infraestructura.
Cuando no tener un servicio significa pobreza
Quizás el momento más político —en el sentido amplio de la palabra— del cierre estuvo en las palabras de Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
El dirigente gremial defendió el papel de las empresas de servicios públicos y rechazó la idea de reducirlas únicamente a sus resultados económicos.
«Que nosotros no somos depredadores, somos los constructores de seguridad en el país, que ayudamos a unificar a los colombianos, que les mejoramos el nivel de vida», afirmó.
Y dejó una frase que resume la dimensión social de todo el debate:
«Tener servicios públicos no es riqueza, pero no tenerlos sí es pobreza».
Es una afirmación que permite entender por qué las discusiones sobre energía, agua, telecomunicaciones, tarifas o inversión terminan afectando directamente la vida cotidiana.
Una familia sin energía no puede refrigerar sus alimentos ni mantener condiciones adecuadas de temperatura. Un territorio sin conectividad pierde oportunidades educativas y económicas. Una comunidad sin agua segura enfrenta problemas que van mucho más allá de la infraestructura.
Por eso, el debate sobre servicios públicos es también un debate sobre productividad, competitividad, educación, salud y calidad de vida.
Sostenibilidad: de la palabra al territorio
El Congreso también cerró con la entrega del 21.º Premio Andesco a la Sostenibilidad, que recibió 435 proyectos de 185 organizaciones y llevó 52 empresas a la etapa final.
Los reconocimientos mostraron que la sostenibilidad está dejando de ser un concepto exclusivamente ambiental para incorporar gobernanza, colaboradores, mercado y dimensión social.
La presencia de iniciativas relacionadas con biodiversidad, transición energética, lucha contra la corrupción, talento local, atención a usuarios y reconstrucción de comunidades mostró una tendencia clara: las empresas están siendo llamadas a responder por el impacto integral de sus operaciones.
La sostenibilidad, en otras palabras, comienza a medirse también por la capacidad de una organización para generar confianza y resolver problemas reales.
Un llamado que quedó para después de Cartagena
Al final, el Congreso terminó como comenzó: hablando del futuro. Pero esta vez con una idea más concreta sobre lo que se necesita para alcanzarlo.
«No podemos seguir divididos», afirmó Camilo Sánchez durante la clausura.
Y agregó: «Aquí estamos construyendo paz, aquí estamos construyendo futuro y aquí estamos construyendo unidad».
Más allá de las posiciones que puedan existir entre Gobierno, empresas, reguladores, usuarios y regiones, los desafíos planteados durante estos tres días tienen un punto común: Colombia necesita infraestructura capaz de soportar lo que viene.
El fenómeno de El Niño, la transición energética, la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el crecimiento de la demanda, la crisis climática y las nuevas necesidades de los usuarios no van a esperar a que el país resuelva sus diferencias.
Cartagena deja entonces algo más que las conclusiones de un congreso.
Deja una pregunta que deberá responderse fuera de los salones de convenciones: ¿está Colombia preparada para invertir, regular y trabajar unida para garantizar los servicios que necesitará la próxima generación?
Porque el futuro del país no solamente se construye con grandes obras o nuevas tecnologías.
También comienza cada día cuando alguien abre una llave y encuentra agua, enciende un interruptor y encuentra energía, o toma un teléfono y logra conectarse.
Por: Carlos Amaya
