La sorpresiva renuncia de Laura Sarabia a la Cancillería marca un nuevo capítulo en la ya compleja historia del proceso de licitación de pasaportes en Colombia. Aunque la funcionaria no ofreció declaraciones públicas, fuentes cercanas al Palacio de Nariño confirman que su salida está directamente relacionada con las diferencias sostenidas con el presidente Gustavo Petro respecto a la continuidad del contrato con Thomas Greg & Sons. Sarabia, que optó por prorrogar el contrato vigente por once meses para evitar una posible crisis operativa, fue desautorizada por el mandatario, en una decisión que aceleró su retiro del cargo.
Más allá de los tecnicismos contractuales, lo ocurrido refleja una fractura política dentro del alto gobierno. La figura de Alfredo Saade —recién nombrado viceministro y sin trayectoria diplomática— emergió con fuerza al representar la voz presidencial que contradijo a la canciller. La tensión no solo dejó al descubierto las pugnas internas sobre el manejo de lo público, sino también la fragilidad de una administración que, en momentos críticos, parece hablar con múltiples voces. Sarabia se va en silencio, deseándole a Petro un buen cierre de gobierno, pero su renuncia deja preguntas abiertas sobre la cohesión del equipo que lo acompañará en la recta final.
Mientras tanto, millones de colombianos observan con preocupación lo que pueda ocurrir con la expedición de pasaportes. Aunque el gobierno insiste en que no habrá interrupciones y que el nuevo proveedor tiene todo bajo control, persisten las dudas sobre la capacidad real de respuesta. En un país donde cada trámite público está marcado por la incertidumbre, el episodio no solo pone a prueba la institucionalidad, sino que también deja al descubierto cómo las tensiones políticas pueden terminar afectando derechos tan básicos como el de la movilidad internacional.
