En medio de un debate técnico que toca directamente el bolsillo de millones de colombianos, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones encendió las alertas frente al nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado publicado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Lo que en principio se presenta como una actualización necesaria del sistema podría, según el gremio, derivar en efectos contrarios a los esperados.
La discusión no es menor. Se trata de una regulación que impactaría a cerca de 188 grandes prestadores y, en consecuencia, a más de 34 millones de habitantes en el país. Detrás de las cifras hay una preocupación concreta: que una reforma pensada para modernizar el sector termine generando más incertidumbre que soluciones.
Desde Andesco, el énfasis no está en la necesidad de actualizar las reglas del juego —algo que reconocen como urgente— sino en la forma en que se ha construido el nuevo marco. El gremio cuestiona que, entre la versión puesta a consideración de la ciudadanía y la que finalmente fue remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio, existan cambios sustanciales. Esto, advierten, desdibuja el espíritu de la participación y deja a los actores del sector opinando sobre un documento que no corresponde al resultado final.
Pero quizás el punto más crítico está en los tiempos. La entrada en vigencia prevista para julio de 2026 plantea un desafío operativo complejo. No se trata solo de ajustar tarifas, sino de rediseñar estudios, estructurar inversiones, adaptar sistemas y coordinar con autoridades locales. En experiencias anteriores, estos procesos han tomado meses —incluso más de un año—, lo que hace que el cronograma actual parezca, en la práctica, difícil de cumplir.
A esto se suma una preocupación que conecta directamente con los usuarios: el posible incremento en las tarifas. Aunque la intención declarada es reducirlas, Andesco advierte que las nuevas exigencias —especialmente en materia ambiental, gestión del riesgo y reducción de pérdidas— implican inversiones significativas. En un sector donde los costos operativos ya son altos y las realidades territoriales diversas, estas cargas adicionales podrían terminar trasladándose a la factura final.
El llamado del gremio es claro: revisar el proceso con rigor técnico y transparencia, garantizando condiciones viables para su implementación. No se trata de frenar la modernización, sino de evitar que decisiones apresuradas afecten la sostenibilidad del servicio y la planeación de las empresas.
En el fondo, lo que está en juego es la confianza. Una regulación bien estructurada puede fortalecer el acceso y la calidad de los servicios públicos. Pero si se construye sin los tiempos ni las condiciones adecuadas, el riesgo es que termine generando el efecto contrario: incertidumbre en el sector y presión sobre los usuarios, que son, al final, quienes sienten el impacto más directo.
